El lawfare es un término que se utiliza para describir el uso de la ley y el sistema judicial para fines políticos. Se trata de una estrategia que puede utilizarse para atacar a adversarios políticos, desgastar a grupos o movimientos sociales o incluso para desestabilizar gobiernos.

El término «lawfare» aparece en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya para referirse al uso de la justicia para perseguir a los líderes independentistas catalanes.

El acuerdo establece que se crearán comisiones de investigación parlamentarias para determinar si se ha producido lawfare en los casos relacionados con el procés.

Junts considera que el lawfare ha sido una herramienta utilizada por el gobierno español para perseguir a los independentistas, y que ha tenido como objetivo deslegitimar el movimiento independentista y debilitar su capacidad de movilización.

El PSOE, por su parte, niega que haya utilizado el lawfare, y sostiene que las investigaciones judiciales contra los líderes independentistas se han llevado a cabo de acuerdo con la ley.

Los casos concretos que Junts considera como ejemplos de lawfare son los siguientes:

• La investigación del juez Manuel García Castellón sobre Carles Puigdemont, que incluyó la acusación de terrorismo.
• La investigación del juez Pablo Llarena sobre los líderes del procés que se encuentran en España, que ha sido criticada por su lentitud y por sus dilaciones.
• La investigación del juez Joaquín Gadea sobre los indultos a los líderes del procés, que fue archivada por el Tribunal Supremo.

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts es un reconocimiento del papel que ha jugado el lawfare en el conflicto catalán. El establecimiento de las comisiones de investigación parlamentarias es un paso importante para esclarecer si se ha producido lawfare y para determinar sus consecuencias.

El debate sobre el lawfare en España es complejo y controvertido. Hay quienes consideran que el término es una herramienta utilizada por el independentismo para justificar sus acciones, y que no existe evidencia de que se haya producido lawfare en los casos relacionados con el procés.

Otros, por su parte, consideran que el lawfare es una amenaza real para la democracia, y que es necesario adoptar medidas para proteger el Estado de derecho.