La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en uno de los casos más mediáticos de fraude fiscal en España: el caso Nummaria. El proceso judicial, que se alargó durante casi diez años, ha concluido con la condena del actor Imanol Arias a dos años y dos meses de prisión por haber cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública. Por otro lado, su compañera de reparto en Cuéntame cómo pasó, Ana Duato, ha sido absuelta al no haberse demostrado su conocimiento o intención de defraudar.
Fernando Peña, el artífice del entramado
El epicentro del caso es el asesor fiscal Fernando Peña, responsable del despacho Nummaria, quien ha sido condenado a 80 años de prisión por desarrollar y ejecutar un complejo sistema para evadir impuestos. Según la sentencia, Peña diseñó durante más de una década un entramado de sociedades en España y el extranjero, mediante el cual ayudó a numerosos clientes, incluyendo actores y productores del mundo audiovisual, a reducir ilegalmente su carga tributaria.
Los delitos por los que ha sido condenado incluyen fraude fiscal, estafa procesal, falsedad documental e insolvencia punible, entre otros. La Audiencia Nacional lo señala como cooperador necesario en los delitos cometidos por sus clientes.
Imanol Arias: reconocimiento de culpa y acuerdo
A diferencia de otros acusados, Imanol Arias reconoció los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Admitió haber defraudado más de dos millones de euros en concepto de IRPF entre 2010 y 2014. Como parte del pacto, el actor devolvió la cantidad defraudada junto con intereses y responsabilidad civil, lo que permitió una rebaja en su condena y facilitó que no tuviera que entrar en prisión, al estar su pena por debajo de los dos años y medio y carecer de antecedentes penales.
Arias justificó parte de sus decisiones financieras en aquel momento alegando, entre otras razones, el miedo a amenazas de ETA, lo que le llevó a trasladar parte de su patrimonio fuera de España.
Ana Duato: absuelta por falta de pruebas
En el caso de Ana Duato, el tribunal consideró que no existen pruebas concluyentes de que conociera la naturaleza ilícita de las operaciones realizadas en su nombre por el despacho Nummaria. A pesar de que la Abogacía del Estado sostenía que la actriz era plenamente consciente del uso de sociedades pantalla, los jueces estimaron que Duato actuó bajo el convencimiento de que sus asesores estaban obrando dentro de la legalidad.
Según la sentencia, Duato no diseñó ni ejecutó las operaciones fiscales, ni tenía formación empresarial específica, por lo que confiaba plenamente en sus asesores. Aunque se benefició de una reducción de su carga fiscal mediante el uso de la renta vitalicia, esto se consideró compatible con una actuación negligente, pero no delictiva.
Además, tras ser objeto de una inspección fiscal en 2014, cambió su sistema de tributación y no superó el umbral legal que define el delito fiscal (120.000 euros por ejercicio).
